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«Estoy en condiciones de ofrecer al Rey lo que me ha pedido». Es la famosa frase de Torcuato Fernández-Miranda, quien se encargaría de que el nombre de Adolfo Suárez figurara entre los tres que el Consejo del Reino debía proponer al monarca para que decidiera cuál de ellos presidiría el Consejo de Ministros, tal como establecía la carta constitucional franquista. A base de esfuerzo, reuniones secretas y concesiones, Suárez, antiguo secretario del Movimiento, supo ganarse la simpatía de una oposición que no confiaba en un presidente de pasado falangista.
En el mes de septiembre de 1976, el Gobierno de Suárez aprueba (con 80 votos a favor, 13 en contra y 6 abstenciones) su proyecto de reforma política —elaborado por Fernández-Miranda— para preparar «las primeras elecciones a Cortes para constituir un Congreso de 350 diputados y elegir 207 senadores». Se trataba de ir a la democracia desde la legalidad de Franco. El 18 de noviembre, ante la sorpresa general, las Cortes franquistas firman su propia defunción y aprueban la reforma, después de tres días de intenso debate. Votaron a favor 425 procuradores, 59 lo hicieron en contra y 13 se abstuvieron. Y en diciembre, la Ley para la Reforma Política obtiene el apoyo mayoritario de los españoles vía referéndum.
En los primeros meses de 1977, la extrema derecha y el terrorismo ponen en peligro el despegue democrático. El suceso más grave: la matanza de Atocha. El 24 de enero, un comando de ultraderecha asalta un bufete laboralista de Madrid y asesina a siete abogados. ETA y los GRAPO también movieron sus piezas. Entre 1975 y 1977, la banda terrorista asesina a 75 personas; el grupo maoísta secuestra a Antonio de Oriol y Urquijo (presidente del Consejo de Estado) y al general Emilio Villaescusa Quilis (presidente del Consejo Superior de Justicia Militar), liberados por la policía en febrero de 1977.